Un grupo de indígenas desalojados de una propiedad privada viven en la miseria, frente al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), en la vereda. Los nativos duermen y cocinan en el piso. Los menores, en cambio, pasan el día arrastrados y desnudos por el suelo. El Indi dijo que los nativos no debieron abandonar las tierras que ocupaban porque les amparaban una orden judicial.

Las veredas de la calle Don Boscos están abarrotadas de indígenas. En el sitio se respira un olor nauseabundo porque hasta sus necesidades hacen en la vía pública.

Son unas 127 personas, en su mayoría niños, las que viven en la calle frente al Indi. Provienen de una propiedad ubicada en Caaguazú, perteneciente a Pedro Guggiari, de donde fueron desalojados.

El líder Alberto Delgado relató que sus ranchos fueron quemados y no tuvieron otra alternativa que abandonar el lugar. “Estamos aquí para que el Estado nos garantice una propiedad donde vivir”, indicó.

Los nativos mbya están en una situación infrahumana. Duermen y cocinan en el suelo. Los niños están sucios, pasan el día arrastrándose por el suelo, mientras sus madres cuidan de los lactantes o cocinan lo poco que recolectan en el día.

Delgado explicó que los niños están desnutridos y con parásitos. “´Tuvimos que traerles para que nos atiendan, de lo contrario, nadie nos hace caso”, apuntó.

Algunos aborígenes tendieron carpas y allí pasan el día. Adelantaron que a partir de hoy acamparán frente al Congreso, porque es la Institución que debe colaborar para asegurar la tierra.

La propiedad que reclaman los nativos tiene una superficie de 500 hectáreas. Su dueño no quiere vender, mientras que los nativos no quieren salir del lugar.

La Constitución dice en su Capítulo V que el Estado debe proveer a los indígenas tierra gratuita por ser estos anteriores a la formación del Estado. Este mandato se cumplirá solo si el Parlamento facilita rubros al Indi. 

 Los niños desnudos se arrastran en la vereda. Las mujeres cocinan en el suelo. Así pasan el día. Fueron expulsados de una propiedad y ahora reclaman otro sitio donde vivir.

El actual presupuesto del ente indigenista es de 7.000 millones de guaraníes. De esta suma solo 2.000 millones se pueden utilizar para compra de tierra. Sin embargo, los pedidos sobrepasan la disponibilidad de fondos. El presidente del Indi, Augusto Fogel, criticó la actitud de los mayores por traer a los niños. “La comunidad Yoyvy, de donde son originarios los aborígenes, tiene una medida cautelar judicial y no debieron abandonarla”, resaltó. El funcionario indicó que ante la negativa del propietario en negociar sus tierras, la única alternativa que queda es la expropiación. En ese sentido, informó que los trámites están en el Indert y luego se debe recurrir al Parlamento. Agregó que esos trámites tienen su tiempo y si tardan no es por negligencia. Fogel lamentó la injusta manipulación de los menores, cuando que solo líderes deberían venir para continuar las gestiones. Finalmente, indicó que el ente seguirá con las gestiones y quedará a cargo del Parlamento la posible expropiación. En nuestro país viven 90.000 nativos, divididos en 17 etnias.