Varias
parcelas de tierra que fueron
adquiridas por el Estado para
los indígenas están
siendo arrendadas para campos
de cultivos, según denunció
a nuestro diario el presidente
del Instituto Paraguayo del
Indígena (Indi), Augusto
Fogel. Los alquileres se hacen
por escribanía y sus
responsables hasta podrían
ser demandados por el Estado.
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Mientras
numerosos indígenas
acampan en la plaza
Uruguaya y frente
al Indi exigiendo
tierras para cultivar,
algunas comunidades
nativas de los departamentos
de Canindeyú
y Caaguazú
proceden a alquilar
sus tierras a los
sojeros.
La denuncia fue
hecha por el presidente
del ente, Augusto
Fogel, molesto por
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Parte
de los nativos que
acampan frente al
Indi. Dicen que
estarán allí
hasta que obtengan
tierra; mientras
tanto, otros alquilan
sus inmuebles para
cultivos de soja. |
la
intransigencia de algunos nativos
que están en la capital
reclamando tierras.
Según
el funcionario, han llegado
a la institución contratos
realizados por escribanía
que prueban que los indígenas
alquilan sus tierras para cultivos.
El
funcionario dijo que este tipo
de situaciones generan divisiones
en la comunidad y es una de
las causas de los desplazamientos.
Adelantó que la institución
está analizando los contratos
y una vez verificada su autenticidad
serán publicados y al
mismo tiempo sus responsables,
serán demandados porque
este tipo de procedimiento viola
la Constitución, que
dice claramente que las |
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tierras
indígenas no podrán
ser arrendadas ni vendidas.
Según el informe
del Instituto Paraguayo del
Indígena, los nativos
en el Paraguay son propietarios
de 1.073.170 hectáreas,
de las cuales 202.102 hectáreas
están en la Región
Oriental.
La actitud
de estos naturales demuestra
que no están preparados
para manejar grandes extensiones
de tierra, porque al desaparecer
los montes y sin un plan de
aprovechamiento de las superficies,
los lotes prácticamente
constituyen campos improductivos
apetecidos por los sojeros y
campesinos.
Lo llamativo
del caso es que los aborígenes
tampoco son solidarios, porque
a la hora de la verdad, prefieren
alquilar antes que incorporar
a otros nativos a sus territorios.
Para Fogel, alquilar una
propiedad indígena comprada
con mucho sacrificio por el
Estado es un delito porque se
viola la misma Constitución.
Por otra parte, continúan
acampados frente al Indi varias
familias que llegaron hace cuatro
meses en reclamo de tierra en
las zonas de San Pedro y Guairá.
Los nativos están bajo
precarias carpas, situación
que está afectando considerablemente
la salud de los mismos, especialmente
los niños que se encuentran
con severas afecciones respiratorias.
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